Aunque muchas personas lo dan por hecho, en Colombia la educación media —que comprende los grados décimo y undécimo— no forma parte de los niveles obligatorios. Esta ausencia de garantía legal tiene consecuencias profundas: hoy, apenas 4 de cada 10 niños que comienzan la escuela primaria logran llegar al final de la media en el tiempo esperado. Esa cifra, lejos de ser un dato aislado, refleja una deuda estructural del sistema educativo con sus jóvenes.

Aunque la Constitución reconoce la educación como un derecho fundamental, hoy solo contempla como obligatorios un año de preescolar y nueve de educación básica. La media —a pesar de ser clave para el desarrollo personal, académico y laboral— permanece fuera de ese marco. Y eso se traduce en brechas: de acceso, de permanencia, de calidad.

En una etapa vital, donde se definen intereses, vocaciones y trayectorias, demasiados adolescentes se ven forzados a elegir entre estudiar o asumir responsabilidades laborales o domésticas. Muchos deben cambiar de institución para cursar estos grados, o simplemente no encuentran una oferta educativa cercana. Otros pierden el interés al no ver una conexión clara entre lo que aprenden y lo que quieren hacer con su vida.

La educación media es un puente: conecta la escuela con el mundo. Es el espacio donde se consolida el pensamiento crítico, se adquieren herramientas para la vida adulta y se empieza a construir un proyecto de vida. No garantizar ese tramo es, en la práctica, frenar el desarrollo de millones de jóvenes en el país.

Hay territorios que ya demostraron reconocer la relevancia de la educación media. En Antioquia, por ejemplo, el 100% de las escuelas de educación media están implementando la estrategia apoyada por Fundación Instituto Natura, Fundación Sura y Fundación Corona: un modelo integral que pone el foco en el proyecto de vida y el protagonismo de los jóvenes. Un modelo que acompaña trayectorias educativas con sentido, con formación docente, con condiciones reales para aprender. Y que demuestra que, con políticas sólidas y sostenidas, es posible generar transformaciones significativas.

Hacer de la educación media un derecho obligatorio es reconocer su papel en la formación integral de los jóvenes, en su desarrollo personal, en su capacidad de elegir y construir un proyecto de vida. Es también entender que muchas veces no se trata de voluntad individual, sino de condiciones estructurales que impiden continuar. Por eso, avanzar hacia su obligatoriedad implica asumir la responsabilidad colectiva de ofrecer caminos posibles para que todas y todos puedan seguir aprendiendo.